La OATM se muestra cansada del desamparo al que son sometidos los hijos de los militares incluso por parte de la Defensora del Pueblo

La OATM -Organización de Apoyo a las Fuerzas Armadas presentó el pasado 4 de marzo de este año una solicitud de informe de la Orden de Defensa 253/2015 a la Defensora del Pueblo en la que exponía que entre otras cosas se limitaba el derecho de los padres militares a realizar la efectiva guardia y custodia legal de sus hijos acorde al Codigo Penal, el oficio solicitaba textualmente lo siguiente.

Demandamos de la Defensora del Pueblo informe sobre la Orden Defensa 253/2015, que en su artículado permite que los jefes de unidad puedan determinar si la reducción de jornada que disfrutan los progenitores de menores de 12 años en atención a la Ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público puede disfrutarse o no mediante un informe previo a su concesión, dado que en caso de denegación dicha reducción, el progenitor puede desempeñar guardias y servicios en su unidad, dejando desamparados a los hijos menores que éste pudiera tener en atención a las necesidades del servicio de dicha unidad militar.
Desde el punto de vista de nuestra organización al poder decidir el jefe de unidad si el interesado puede serle denegada la reducción de jornada, se está eliminando un derecho y una obligación reconocida por el Código Civil que otorga la “patria potestad” tanto de hijos biológicos, como de adoptados a la “guarda legal” de sus hijos, sin poder éstos delegar dicha obligación legal sin incurrir en el delito de “abandono de menor”, tipificado en el Código Penal de nuestro ordenamiento jurídico en su Capítulo III – Titulo XII “De los delitos contra los derechos y deberes familiares”, poniendo en la tesitura a los progenitores entre ser sancionados por falta grave militar al no acudir a un servicio militar nombrado por su unidad o incurrir en un ilícito penal al abandonar a los menores bajo su custodia legal.
Desde nuestra organización estamos recomendando a nuestros asociados a que si le es retirada la reducción de jornada para ejercer la guarda legal de sus hijos menores de 12 años y le son nombrados servicios militares en sus unidades acudan a la Fiscalía de Menores para denunciar que les están OBLIGANDO a incurrir en un ilícito legal por orden de la autoridad que nombra el servicio militar que impidan dicha guarda legal, quedando sin efecto la sanción administrativa que pudiera recaer sobre ellos al no presentarse a la guardia o servicio para el que fueron designados por orden escrita en sus unidades militares.
Solicitamos a la Defensora del Pueblo, se pronuncie sobre dicha tesitura en la que se encuentran los militares entre cumplir sus obligaciones laborales o incurrir en el delito legal de abandonar a menores bajo su patria potestad, teniendo en cuenta las especiales características que puede tener para militares por ejemplo de la Armada Española que pueden salir a navegar durante dias y semanas en atención a la eliminación de su reduccion de jornada para ejercer la custodia legal de sus hijos.

La respuesta decepcionante por parte de la Defensora del Pueblo llegó en fecha 8 de abril de 2015 en la que se indicó a la OATM lo siguiente “Esta Institución ha recibido su escrito, que ha sido registrado con el número arriba indicado, en el que solicita nuestra intervención para que sea modificado el contenido de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por el que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas, en relación con las competencias que en la citada norma se atribuyen a los jefes de las unidades.
El Defensor del Pueblo tiene encomendada, por el artículo 54 de la Constitución y por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la norma suprema y, a tal efecto, supervisará la actuación de las administraciones públicas y procurará el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como la actuación de sus funcionarios, en relación con lo dispuesto en el artículo 103.1 del texto constitucional.
La norma a la que hace referencia regula en el artículo 13 las condiciones y requisitos para el disfrute de la reducción de jornada por razón de guarda legal de un hijo menor de 12 años, y en el artículo 22 el procedimiento de solicitud así como de modificación de las condiciones de su concesión señalando textualmente que “el jefe de unidad será el competente para su concesión o denegación motivada así como para la revocación de la reducción concedida o para la modificación de las condiciones de su concesión que deberán ser igualmente motivadas”.
En este sentido, el artículo 25 determina que contra las resoluciones o actos administrativos que se adopten en el ejercicio de las competencias atribuidas en esta orden ministerial se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que sean pertinentes, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que configuran el marco jurídico de actuación del Defensor del Pueblo, su intervención ante los órganos administrativos de los que procedan las actuaciones cuestionadas por los ciudadanos sólo resulta posible cuando el previo análisis de la descripción de los hechos y circunstancias concurrentes en cada caso permita deducir que existen indicios objetivos de una posible irregularidad administrativa que deba ser objeto de la investigación pertinente, irregularidad que, en el supuesto genérico por usted planteado, sería la falta de motivación de las resoluciones que, sobre los citados supuestos de reducción de jornada, fuesen adoptadas por la autoridad con competencia para su concesión, denegación o modificación.
Bajo estos presupuestos, y en los supuestos a los que alude, la intervención de esta Institución sólo resultaría procedente si se apreciase de un modo directo una vulneración de los derechos constitucionales cuya defensa tenemos encomendada, o cuando los órganos competentes eludieran fundamentar sus resoluciones o dificultasen el acceso de los interesados a los mecanismos de defensa que están previstos en las leyes, pues la mera disconformidad o desacuerdo con los criterios de organización y funcionamiento de los servicios públicos, no puede, por sí sola, motivar la intervención de esta Institución en el marco de competencias que le han sido atribuidas por el artículo 54 de la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Institución debe manifestarle que no considera posible intervenir en el asunto que usted plantea, en el que, a juicio del Defensor del Pueblo, no concurren los elementos objetivos precisos para fundamentar una eventual actuación.

La respuesta decepcionó a la ONG militar ya que ésta consideraba que el valor a defender era la protección del menor acorde a lo dictaminado en el Codigo Penal y éste quedaba supeditado a los deseos y designios de los Jefes de Unidad que imponen su criterio de nombrar guardias de forma ilogica, desamparando a los hijos de los militares frente a la posibilidad de reducir las guardias si se carecen de los efectivos necesarios, debiendo recordar que esos militares ya pierden haberes de su sueldo por la reducción de jornada estando doblemente discriminados al perder dinero y además serles encomendadas guardias que impiden la efectiva y obligatoria custodia legal de sus hijos para no incurrir en un delito. Bajo palabras de su Secretaria General Dª. Josefina Ramos los hijos de los militares son de segunda categoría frente a los de cualquier otro ciudadano español y todo ello bajo el simple amparo de una Orden Ministerial que conculca leyes de rango superior, algo a lo que están muy acostumbrados en el Ministerio de Defensa de hacer en “su cortijo” lo que les viene en gana.“. También afirma, “mucho dia de la “familia” y a las primeras de cambio abandonan a sus militares y a sus familias. Esto es puro teatro“. Por otra parte la respuesta hizo preguntarse a la OATM ¿para qué sirve un organismo como el Defensor del Pueblo supeditado siempre a la administración que no realiza la función para la que ha sido designada en la Constitución con caracter independiente?

La Asociación Profesional de las Fuerzas Armadas UMT – Unión de Militares de Tropa para defenderse ante tal “tropelía” instó a sus asociados a denunciar ante los Tribunales Ordinarios o ante los Tribunales de Menores con nombre, apellidos y DNI a quienes les insten a cometer el delito de abandonar a sus hijos menores de edad. Otras asociaciones profesionales como ATME – Asociación de Tropa y Marinería Española ya han llevado dicha Orden Ministerial ante los tribunales, aunque como se ha demostrado hasta el momento dicho procedimiento es largo, costoso e infructuoso ya que el Ministerio de Defensa nunca ha concedido nada a las asociaciones profesionales.

Fuente: EDM| Diario Militar

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