Defensa nos desglosa el trabajo del COPERFAS en esta pasada legislatura

Con fecha 15 de diciembre de 2015 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública formulada por la Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería (OATM) al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 001-004026.

Con fecha 17 de diciembre de 2015 se determinó que la competencia correspondía a la Secretaría General Técnica del Departamento, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución.

En dicha solicitud se requiere lo siguiente:
“Desde la OATM nos gustaría saber las siguientes cifras sobre el COPERFAS:

Una vez analizada la solicitud y realizadas las pertinentes consultas en el ámbito de la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, la Secretaría General Técnica del Departamento considera que procede conceder el acceso a la información demandada por la OATM, según se detalla a continuación:

-Desde la creación del COPERFAS ¿Cuántas propuestas de las asociaciones han prosperado y se han desarrollado en norma o integrado en ley?

Desde la creación del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas se han debatido en sus reuniones plenarias un total de 146 propuestas de las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas y asociaciones de militares retirados y discapacitados, de acuerdo con el artículo 49.1.a y disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas (LODD}. Como resultado de dichos debates, se han alcanzado un total de 101 acuerdos en dichas propuestas.

En ese periodo de tiempo el Ministerio de Defensa ha presentado 87 proyectos de disposiciones de carácter legal o reglamentario, de acuerdo con el artículo 49.1.c de la LODD, y hasta 57 de otro carácter, de acuerdo con el artículo 49.1.b de dicha Ley.

En los primeros, (art. 49.1. de de la LODD), las asociaciones profesionales con representación en el Consejo de Personal han tenido la oportunidad de presentar sus informes con las observaciones que han considerado, habiendo sido todos ellos incorporados a los expedientes de los proyectos, de acuerdo con el artículo 40.2.b de la LODO. Dichas observaciones han sido estudiadas y consideradas por los órganos originadores y tratadas en los debates que se han desarrollado en las reuniones del pleno del Consejo de Personal.

Desde la creación del COPERFAS ¿Cuántas de las alegaciones presentadas por las Asociaciones Profesionales a los textos normativos han sido integradas en la normativa finalmente aprobada?

En relación con los segundos, (art. 49.1. b de la LODO), todas las asociaciones profesionales han tenido la oportunidad de remitir las observaciones que consideraran, de acuerdo con el artículo 40.1.a de la Ley, habiendo sido trasladadas a los órganos originadores de los proyectos.

-¿Cuál ha sido el balance de los informes presentados al Observatorio de la vida militar en cuanto a aprobación o reprobación de los trabajos expuestos?”

Por último, se informa que según establece el artículo 54.2 de la LODO, el Observatorio de la vida militar es destinatario de las actas e informes del Consejo de Personal. De esta manera, una vez aprobada el acta de cada reunión del pleno del Consejo de Personal, se remite al Observatorio junto a su correspondiente informe. Así mismo, y conforme a lo dispuesto en el artículo 53.1 de la LODO, el Observatorio está adscrito a las Cortes Generales, y por lo tanto será a estas, a quien deberá rendir su memoria e informes, de acuerdo con el artículo 54.4 de dicha Ley.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Sin duda podemos valorar la respuesta de los trabajos de ese Consejo como deficientes o muy deficientes en cuanto a criterios democráticos de aprobación de las normativas, por lo que solicitamos a ese organismo que rectifique su forma de proceder y tenga en cuenta las propuestas y alegaciones presentadas por las asociaciones profesionales o se arriesga a que dicho foro de debate de las normativas que afectan a los militares quede vacío de contenidos y sea abandonado por inoperante e irresoluble de los problemas que aquejan a los ciudadanos de uniforme.

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