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VACACIONES

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El pasado dia 2 de febrero la OATM elevó una serie de preguntas sobre el programa de vacaciones de varios paises de la OTAN denominado CLIMS -Liaison Committee of Social Military Organisations, en el que España participa desde hace 42 años cmpuesto por 12 paises Alemania, Belgica, España, Francia, Italia, Hungría, Polonia, Portugal, Republica Checa, Bulgaria, Rumania y Grecia. La Fuerzas Armadas españolas colaboran anualmente poniendo a disposición de los países miembros sus instalaciones y de igual forma el resto de países ponen las suyas a disposición de los militares. El problema surge cuando el reparto de dichas plazas se realiza conforme a las reglas de cada país y aunque en algunos paíeses miembros todas las escalas pueden acceder en igualdad de condiciones a dicho programa, en otros se limita o excluye a algunos empleos o escalas. Estas fueron las preguntas planteadas

1.- Número de militares por categorías que se acogieron al programa vacacional del CL/MS desde el año 2006.
2.- Número de militares extranjeros por categorías que hicieron uso de dependencias del Ministerio de Defensa dentro del programa CL/MS desde el año 2006.
3.- Número de militares de Tropa y Marinería que han accedido al programa CL/MS desde el año 2006 y han viajado a países del programa CL/MS.
4.- Número de militares de la categoría de Tropa extranjeros que han viajado a nuestro país y se han hospedado en residencias distintas a las de Tropa y Marinería desde el año 2006.

Y ésta es la respuesta

En su escrito de 6 de marzo de 2017, el Ejército de Tierra informa lo siguiente:

Pregunta no 1. Número de militares por categorías que se acogieron al programa vacacional del CL/MS desde el año 2006.

Número de militares del Ejército de Tierra peticionarios y que resultaron adjudicatarios de alojamientos en países CL/MS y de viajes de intercambio en las convocatorias estivales anuales desde 2006, por categorías:

Número de militares del ET peticionarios y que disfrutaron de alojamiento del programa CL/MS, fuera de la época estival, desde 2007, por categorías:

Pregunta no 2. Número de militares extranjeros por categorías que hicieron uso de dependencias del Ministerio de Defensa dentro del programa CLIMS desde el año 2006.

Número de militares de países que forman parte de la organización CLIMS solicitantes y que hicieron uso de Residencias de Acción Social de Descanso del ET, dentro del programa CL/MS, desde 2007, por categorías:

Pregunta no 3. Número de militares de Tropa y Marinería que han accedido al programa CL/MS desde el año 2006 y han viajado a países del programa CLIMS.
Respondido en la Pregunta no 1.

Pregunta no 4. Número de militares de la categoría de Tropa extranjeros que han viajado a nuestro país y se han hospedado en residencias distintas a las de Tropa y Marinería desde el año 2006.
En total han viajado 26 militares de tropa extranjeros; ninguno se ha hospedado en residencias distintas a las de Tropa y Marinería.”

En su escrito de 24 de febrero de 2017, la Armada informa lo siguiente:

“El número de militares de la Armada española que se acogieron al programa CLIMS fue de 559  (319 oficiales, 215 suboficiales y 25 de marinería y tropa profesional).

El número de militares extranjeros que se acogieron al programa CLIMS en las residencias de la Armada fue de 1.685 (976 oficiales, 687 suboficiales y 22 de marinería y tropa profesional)”.

En su escrito de 17 de febrero de 2017, el Ejército del Aire informa lo siguiente:

“1. Número de militares del E.A., por categorías, que se acogieron al programa vacacional del CL/MS desde el año 2006:

– OFICIALES: 618

– SUBOFICIALES: 474

– TROPA: 62

2. Número de militares extranjeros por categorías que hicieron uso de dependencias del Ejército del Aire dentro del programa CLIMS desde el año 2006:

– OFICIALES: 343

– SUBOFICIALES: 319

-TROPA: O

3. Número de militares de Tropa y Marinería del E.A. que han accedido al programa CLIMS desde el año 2006 y han viajado a países del programa CLIMS:

– TROPA: 127

4. Número de militares de la categoría de Tropa extranjeros que han viajado a nuestro país y se han hospedado en residencias distintas a las de Tropa y Marinería desde el año 2006:

– TROPA: O.”

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Refª.: Orden Defensa 253/2015, de 9 de febrero, sobre Régimen de vacaciones y permisos en las FAS

Refª.:

  • Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto del Empleado Público
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Demandamos de la Defensora del Pueblo informe sobre la Orden Defensa 253/2015, que en su artículado permite que los jefes de unidad puedan determinar si la reducción de jornada que disfrutan los progenitores de menores de 12 años en atención a la Ley 7/2007 del Estatuto del Empleado Público puede disfrutarse o no mediante un informe previo a su concesión, dado que en caso de denegación dicha reducción el progenitor puede desempeñar guardias y servicios en su unidad, dejando desamparados a los hijos menores que éste pudiera tener en atención a las necesidades del servicio de dicha unidad militar.

Desde el punto de vista de nuestra organización al poder decidir el jefe de unidad si el interesado puede serle denegada la reducción de jornada, se está eliminando un derecho y una obligación reconocida por el Código Civil que otorga la “patria potestad” tanto de hijos biológicos, como de adoptados a la “guarda legal” de sus hijos, sin poder éstos delegar dicha obligación legal sin incurrir en el delito de “abandono de menor”, tipificado en el Código Penal de nuestro ordenamiento jurídico en su Capítulo III – Titulo XII “De los delitos contra los derechos y deberes familiares”, poniendo en la tesitura a los progenitores entre ser sancionados por falta grave militar al no acudir a un servicio militar nombrado por su unidad o incurrir en un ilícito penal al abandonar a los menores bajo su custodia legal.

Desde nuestra organización estamos recomendando a nuestros asociados a que si le es retirada la reducción de jornada para ejercer la guarda legal de sus hijos menores de 12 años y le son nombrados servicios militares en sus unidades acudan a la Fiscalía de Menores para denunciar que les están OBLIGANDO a incurrir en un ilícito legal por orden de la autoridad que nombra el servicios militares que impidan dicha guarda legal, quedando sin efecto la sanción administrativa que pudiera recaer sobre ellos al no presentarse a la guardia o servicio para el que fueron designados por orden escrita en sus unidades militares.
Solicitamos a la Defensora del Pueblo, se pronuncie sobre dicha tesitura en la que se encuentran los militares entre cumplir sus obligaciones laborales o incurrir en el delito legal de abandonar a menores bajo su patria potestad, teniendo en cuenta las especiales características que puede tener para militares por ejemplo de la Armada Española que pueden salir a navegar durante dias y semanas en atención a la eliminación de su reduccion de jornada para ejercer la custodia legal de sus hijos.

Denuncia 2015

RESPUESTA:

Esta Institución ha recibido su escrito, que ha sido registrado con el número arriba indicado, en el que solicita nuestra intervención para que sea modificado el contenido de la Orden DEF/253/2015, de 9 de febrero, por el que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas, en relación con las competencias que en la citada norma se atribuyen a los jefes de las unidades.

El Defensor del Pueblo tiene encomendada, por el artículo 54 de la Constitución y por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la norma suprema y, a tal efecto, supervisará la actuación de las administraciones públicas y procurará el esclarecimiento de sus actos y resoluciones, así como la actuación de sus funcionarios, en relación con lo dispuesto en el artículo 103.1 del texto constitucional.

La norma a la que hace referencia regula en el artículo 13 las condiciones y requisitos para el disfrute de la reducción de jornada por razón de guarda legal de un hijo menor de 12 años, y en el artículo 22 el procedimiento de solicitud así como de modificación de las condiciones de su concesión señalando textualmente que “el jefe de unidad será el competente para su concesión o denegación motivada así como para la revocación de la reducción concedida o para la modificación de las condiciones de su concesión que deberán ser igualmente motivadas“.

En este sentido, el artículo 25 determina que contra las resoluciones o actos administrativos que se adopten en el ejercicio de las competencias atribuidas en esta orden ministerial se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que sean pertinentes, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Por todo ello, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones que configuran el marco jurídico de actuación del Defensor del Pueblo, su intervención ante los órganos administrativos de los que procedan las actuaciones cuestionadas por los ciudadanos sólo resulta posible cuando el previo análisis de la descripción de los hechos y circunstancias concurrentes en cada caso permita deducir que existen indicios objetivos de una posible irregularidad administrativa que deba ser objeto de la investigación pertinente, irregularidad que, en el supuesto genérico por usted planteado, sería la falta de motivación de las resoluciones que, sobre los citados supuestos de reducción de jornada, fuesen adoptadas por la autoridad con competencia para su concesión, denegación o modificación.

Bajo estos presupuestos, y en los supuestos a los que alude, la intervención de esta Institución sólo resultaría procedente si se apreciase de un modo directo una vulneración de los derechos constitucionales cuya defensa tenemos encomendada, o cuando los órganos competentes eludieran fundamentar sus resoluciones o dificultasen el acceso de los interesados a los mecanismos de defensa que están previstos en las leyes, pues la mera disconformidad o desacuerdo con los criterios de organización y funcionamiento de los servicios públicos, no puede, por sí sola, motivar la intervención de esta Institución en el marco de competencias que le han sido atribuidas por el artículo 54 de la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Institución debe manifestarle que no considera posible intervenir en el asunto que usted plantea, en el que, a juicio del Defensor del Pueblo, no concurren los elementos objetivos precisos para fundamentar una eventual actuación.