¿Qué son los MTM temporales para la Seguridad Social?

“Con fecha 7 de abril de 2015 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública formulada por la OATM, al amparo de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número de expediente 001-001736.

Con fecha 9 de abril de 2015 esta solicitud se recibió en la Dirección General de Personal, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la ley 19/2013, de 9 de  diciembre, para su resolución.

Una vez analizada la solicitud, la Dirección General de Personal del Departamento considera que procede conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud deducida por la OATM.

En dicha solicitud se insta lo siguiente:

“1.- ¿En qué epígrafe del Régimen General se encuadra el personal militar de tropa y marinería que no es militar de carrera y por lo tanto funcionario?

Respecto a la primera pregunta, el Epígrafe del Régimen General en el que se encuadra el personal militar de Tropa y Marinería, se informa, que desde la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 ya no existen los epígrafes de cotización, la nueva clasificación de tarifas se realiza en función de los códigos de actividades económicas de las empresas, esto es, según su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) CNAE-93, Rev. l. Siendo la del personal militar el Código 84: Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria.

2.- Dado que los militares de tropa y marinería no son funcionarios, ni personal militar porque carecen de contrato ¿sus compromisos laborales, donde quedan ubicados en el Estatuto del Empleado Público?

En lo que afecta a la segunda cuestión, el personal de tropa y marinería es personal militar profesional conforme al Capítulo 11 de la ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería, y mantienen una relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas en función de las siguientes modalidades, tal y como se contempla en el artículo 6 de la mencionada Ley mediante un compromiso inicial, compromiso de larga duración y la condición de permanente.

Por otra parte, el citado artículo señala que esta relación de servicios profesionales con los Fuerzas Armadas, en cualquiera de sus modalidades, es una relación jurídica-pública de carácter especial que se establece mediante la firma del compromiso y se rige par esta ley.

A lo anteriormente señalado, hay que añadir que el artículo 4 d) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, señala que /as disposiciones de este estatuto sólo se aplicarán directamente ‘Cuando así lo dispongo su legislación específica:

d) personal militar de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, el articulo 5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, contempla que los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General de Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público se incorporarán al régimen del personal militar profesional, siempre que no contradigan su legislación específica, por medio de normas reglamentarias en las que se efectuarán las adaptaciones debidas a la condición militar.

3.- ¿Por qué la AGE mantiene empleo precario en las clases de tropa y marinería en el seno de la misma contraviniendo la Constitución y la Carta Europea de Derechos Fundamentales?”.

Por último, y haciendo referencia a la tercera cuestión, se informa que el modelo de carrera militar para la tropa y marinería es la que se recoge en la Ley 8/2006, de 24 abril, de tropa y marinería y las retribuciones del personal militar son las que constan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.”

Portavocía OATM

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