Defensa expulsa a soldados y marineros heridos en actos de servicio

“Cuando resultas herido te apartan, te silencian, todo se convierte en confidencial hasta que te echan. Entonces, empieza la verdadera guerra”. Así resume Iván Ramos su experiencia en el Ejército después de resultar gravemente herido en 2011 en Afganistán. Este joven cabo, que formó parte de las Fuerzas Armadas durante 10 años –en la Legión y cuatro años en el Mando de Operaciones Especiales-, es uno de los militares expulsados por Defensa tras resultar herido en acto de servicio.

Como él, otros militares y familias de fallecidos pedirán “Justicia” este lunes 9 de mayo ante el Congreso de los Diputados por lo que consideran un abandono del Estado después de “dar su vida por España”. El caso de Iván Ramos se ha convertido en un ejemplo de lucha por el reconocimiento de los derechos de estos uniformados. “Quiero crear un precedente para que ningún otro militar se vea en mi situación”, explica Ramos.

El exlegionario se encontraba de misión en Afganistán cuando el blindado Lince que hacía de escolta de un camión de transporte, volcó tras ser empujado por un camión afgano. Ramos iba “de torre”, en el puesto del tirador del blindado, con lo que el impacto del vuelco fue brutal. También el resultado: 17 huesos rotos, daños en el bazo, un riñón reventado, traumatismo craneoencefálico, neumotórax… Una lista interminable de consecuencias físicas de las que tardó meses en recuperarse y que causaron que el Ministerio de Defensa rescindiera su contrato de larga duración (hasta los 45 años) en marzo de 2015.

La ley contempla la posibilidad de rescindir los compromisos – el Real Decreto 944/2001- siempre que los médicos militares consideren que el militar evaluado no reúne las condiciones necesarias para el servicio, aunque también es posible la reubicación. Pero, en el caso de Iván, no fue así. Defensa no le dio otro destino. “Yo no quiero dinero. Yo sólo quería que me dejasen en mi unidad. Punto”, explica Iván.

Reconocimiento de discapacidad

Su “guerra personal” también está en el reconocimiento de su discapacidad. La evaluación que le realizó el Tribunal Médico de Defensa se le reconoció un 24% de discapacidad cuando la Comunidad de Madrid le había considerado que su grado ascendía al 65% previamente. “A partir del 25% es cuando te corresponde una pensión, gastos médicos, etc.”, explica.

Ramos reclamó una revisión y una Junta Médico Pericial le terminó dando el 42% aunque “actualmente la comunidad de Madrid me reconoce el 75%”. Desde el Ejército de Tierra explican que existe una discordancia en esa reclamación, dado que el exlegionario pasó las pruebas para Vigilantes de seguridad y Escoltas privados, para las que se requiere aprobar unas pruebas físicas.

El exmilitar explica que hizo esas pruebas por recomendación psiquiátrica, como incentivo tras el “palo psicológico” que supuso el accidente y su expulsión del Ejército. “Te llevan hasta tal extremo que quieres morir. En Afganistán, no mueres, pero aquí quieres morir, porque el Gobierno, el Ministerio de Defensa te da la espalda. Te aparta. Como si no fueses nadie”, sentencia.

También en Infantería de Marina

Es la misma sensación que tiene Juan Carlos Rodríguez, un ex infante de marina, expulsado de la Armada en 2005. Su historia ocurrió en España, en el Cuartel del Tercio de Armada de San Fernando (Cádiz), donde le tocaba hacer una guardia. Ese día habían fumigado varias estancias del cuartel, una de ellas era el Cuerpo de Guardia. “El teniente de guardia me dijo que me pusiera en la puerta para que no pasara nadie por el veneno”, recuerda Juan Carlos, que pidió una mascarilla para no respirar el producto de la fumigación. Sin embargo, sólo recibió la orden de quedarse vigilando para que no entrara nadie.

Lo siguiente que recuerda de esa noche es despertarse en una habitación de hospital. Había tenido un fuerte ataque epiléptico. Desde entonces, siguió teniendo más ataques y cuando se incorporó el propio Ministerio reconoció que no debería estar en “destinos que requieran el uso de armas, barcos, guardias”. Pero le tocó hacer más de una. “Una mañana, una compañera me dijo que estaban preparando mi comida de despedida”, recuerda Juan Carlos. En ese momento, él no sabía nada, pero las Fuerzas Armadas habían rescindido su contrato al considerarlo “No apto”.

Tras la fumigación, Juan Carlos tuvo unos 500 ataques epilépticos y tuvo que ser operado. Era la única solución que le daban los médicos para su enfermedad, que él vincula a la fumigación. Defensa nunca ha reconocido que exista tal relación y sólo le reconoce el 5% de discapacidad, un porcentaje no muy alto como para que se rescinda un contrato, según Juan Carlos.

También en su caso hay discordancia entre la valoración de Defensa y la Sanidad andaluza, que le reconoce un 42%. Al no superar el 25% de discapacidad reconocida por Defensa, no tiene pensión. “Estoy sin nada. Si quiero tomarme un café, tengo que pedirle el dinero a mi madre”, explica.

Los casos de Iván y Juan Carlos no son únicos. Se repiten constantemente, según denuncian varias asociaciones, especialmente con militares de tropa y marinería, explican desde la Organización de Apoyo a las Fuerzas Armadas OATM. “Se trata de personas que tienen una relación laboral precaria con las Fuerzas Armadas”  y, en cuanto tienen un accidente, les rescinden el contrato o dejan que se acabe porque la persona “no puede cumplir las funciones para las que fue contratada”. Pero la paradoja es una obviedad en muchos de estos casos: no pueden seguir trabajando en las Fuerzas Armadas por causas originadas en acto de servicio.

Respuesta de Defensa

La respuesta por parte del Ministerio de Defensa es clara en la resolución de todos estos casos. Estudian cada caso de manera individual y “por sistema, se tiende a abandonarles”, más aun si son temporales, explican desde la OATM.

Hace un par de meses, el BOE publicó la creación de una Oficina de Discapacidad de las Fuerzas Armadas para atender a las personas discapacitadas dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se trata de una oficina sin dotación presupuestaria ni personal especializado, denuncian asociaciones como la Asociación Unificada de Militares (AUME) y OATM. “Se trata de una norma de corto recorrido, sin presupuesto y vacía de contenido”, explica el portavoz de OATM.

Fuente: EstrellaDigital – Paula Perez

Portavocía OATM

Nos encargamos de que todo funcione

Deja un comentario